El Poder Judicial de Chihuahua vuelve a quedar bajo la lupa. La Fiscalía Anticorrupción cumplimentó una orden de aprehensión contra Manuel Jurado Torres, juez penal del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, quien es investigado por presuntos actos de corrupción e irregularidades en el desempeño de sus funciones.
La detención ocurre en medio de una investigación de mayor alcance dentro del Poder Judicial del Estado. Apenas unas horas antes, el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, confirmó que existen indagatorias contra 11 jueces y dos magistrados por posibles actos de corrupción.
Jurado Torres fue detenido y posteriormente trasladado a un centro penitenciario, donde permanece bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el procedimiento judicial y se define su situación jurídica.
El caso no es nuevo para el juzgador parralense. En marzo pasado, el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Chihuahua ordenó su suspensión inmediata como medida cautelar, dentro de un procedimiento disciplinario relacionado con su actuación en el caso de la maestra Edna Marilin Chávez.
A ello se suma la controversia que protagonizó recientemente por su participación en impugnaciones legales que contribuyeron a frenar la entrada en funciones del propio Tribunal de Disciplina Judicial, organismo creado para supervisar y sancionar, cuando corresponda, la actuación de jueces y magistrados.
Ahora, Jurado Torres deberá enfrentar un escenario distinto: además del procedimiento disciplinario, tendrá que comparecer ante un juez para responder a los señalamientos formulados por la Fiscalía Anticorrupción.
Será durante la audiencia correspondiente cuando el Ministerio Público presente los datos de prueba que sustentan la investigación. Posteriormente, la autoridad judicial deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Por ahora, los señalamientos forman parte de una investigación en curso y será el Poder Judicial quien determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento.
El caso coloca nuevamente a Parral en el centro de la atención estatal y abre un nuevo capítulo en las investigaciones por presuntas irregularidades dentro del Poder Judicial de Chihuahua.
