*El exfiscal y Guillermo Arturo Zuany son investigados por presuntos delitos relacionados con el servicio público; la captura de Zuany no ha sido confirmada
El caso que mantiene la atención sobre las esferas políticas y judiciales de Chihuahua sumó un nuevo capítulo, luego de que una resolución judicial ordenara la aprehensión de Guillermo Arturo Zuany Portillo, tras reportarse la detención del exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno.
De acuerdo con un documento atribuido a la autoridad judicial, correspondiente a la causa penal 3055/2026 y al oficio número 53093/2026, fueron libradas órdenes de aprehensión contra ambos, como parte de una investigación por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público.
El escrito señala que los mandamientos judiciales fueron autorizados tras la valoración de los antecedentes de investigación presentados por el Ministerio Público.
Entre los delitos que se atribuyen presuntamente a Jáuregui Moreno y Zuany Portillo se encuentran el ejercicio ilegal del servicio público y la coalición. Además, a Zuany Portillo se le señala por el probable delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
La resolución judicial detalla los señalamientos formulados por la autoridad investigadora y la probable participación que atribuye a cada uno de los involucrados. No obstante, será durante el desarrollo del procedimiento penal cuando se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El documento establece que las órdenes deberán ejecutarse conforme a los procedimientos legales y que, una vez cumplimentadas, las personas imputadas deberán quedar a disposición del tribunal correspondiente.
La detención de Jáuregui Moreno, reportada este sábado, y la existencia de una orden de aprehensión contra Zuany Portillo colocan nuevamente bajo los reflectores un caso que podría tener nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial del estado.
Hasta el momento, la orden de aprehensión contra Zuany Portillo no equivale a una detención confirmada. Su situación jurídica dependerá de la ejecución del mandamiento judicial y del desarrollo del proceso correspondiente. Las imputaciones señaladas deberán resolverse conforme a derecho y se mantiene la presunción de inocencia de los involucrados.
