El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, retó al director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Marco Alberto Paredes Arroyo, a poner a disposición de la ciudadanía la grabación íntegra de la sesión de Consejo del 29 de octubre del presente año.
“Si me acusa de mentiroso, le lanzo un reto muy sencillo: que publique la sesión completa, sin cortes, junto con el acta y los documentos presentados a los consejeros. Que las y los juarenses vean cómo se condujo y saquen sus propias conclusiones”, planteó.
Pérez Cuéllar cuestionó la falta de disponibilidad del video en YouTube y pidió una explicación pública sobre lo ocurrido con la transmisión.
“¿Por qué ya no está disponible la sesión? Si la bajaron, ¿por qué lo hicieron? Sostengo que su conducción fue desaseada. Si el director asegura que todo fue transparente, que lo demuestre haciendo pública la grabación completa”, expresó.
Señaló que las decisiones sobre las plantas de tratamiento y los compromisos financieros del organismo deben someterse al escrutinio ciudadano, por tratarse de recursos públicos y de un servicio indispensable para las familias.
En otro tema, Pérez Cuéllar pidió que tanto el PRI como el PAN expliquen qué aprobaron respecto al Residencial Gardeno cuando gobernaban y cuáles fueron los argumentos que sustentaron esas decisiones.
“Así como hoy hace señalamientos, también sería importante que el PRIAN explique a los vecinos y a toda la comunidad de Juárez qué aprobaron cuando gobernaban y por qué lo hizo. Las familias tienen derecho a conocer esa información”, señaló.
“El PRIAN debe explicar sus propias decisiones. Aparecen sus miembros en una sesión donde se aprobó por unanimidad una modificación de Gardeno y también formaron parte de la Comisión de Desarrollo Urbano. ¿Qué revisaron antes de aprobar? ¿Qué estudios respaldaban esa decisión? ¿Qué condiciones exigió para proteger a las familias?”, cuestionó.
Pérez Cuéllar planteó revisar el expediente completo para esclarecer el alcance de esa autorización y las responsabilidades de quienes intervinieron, sin anticipar conclusiones sobre su relación con las inundaciones.
“Hoy exige explicaciones y tiene derecho a hacerlo, pero también debe rendir cuentas de su actuación. Las familias merecen conocer qué se autorizó, con qué sustento y qué seguimiento se dio. Que se abra el expediente completo y que cada quien responda por sus decisiones”, sostuvo.
