Mientras la síndica cuestiona el dinero destinado al funcionamiento del Gobierno Municipal, su oficina registra un gasto promedio de 239 mil pesos mensuales. De 62 observaciones remitidas para investigación, únicamente nueve tenían resolución notificada hasta agosto de 2026.
La síndica Dalila Villalobos ha cuestionado que el Gobierno Municipal de Parral destine millones de pesos al pago de nómina y al funcionamiento de sus dependencias, en lugar de invertir mayores recursos en obras públicas. Sin embargo, los estados financieros del Ayuntamiento revelan que la oficina encabezada por la funcionaria acumuló un gasto de 5 millones 737 mil 152 pesos entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, mientras persisten interrogantes sobre los resultados económicos y administrativos obtenidos mediante sus labores de vigilancia.
Una revisión de los documentos presupuestales realizada por El Poder — La Noticia Digital permitió identificar que la Sindicatura registró un gasto de 562 mil 315 pesos durante los últimos tres meses de 2024; otros 2 millones 689 mil 424 pesos durante 2025 y 2 millones 485 mil 412 pesos entre enero y septiembre de 2026.
En conjunto, el gasto representa un promedio aproximado de 239 mil pesos mensuales durante los 24 meses analizados.
La cifra adquiere otra dimensión al compararla con el presupuesto de otras áreas municipales. Durante 2025, el gasto de la Sindicatura equivalió al 10.4 por ciento de lo ejercido por Presidencia Municipal, que registró aproximadamente 25.83 millones de pesos.
Aunque ambas oficinas desempeñan funciones diferentes, la proporción permite dimensionar los recursos destinados a la dependencia responsable de supervisar el manejo del patrimonio municipal.
La Sindicatura informó el 11 de agosto de 2026 que había remitido 62 observaciones sobre posibles irregularidades a la autoridad municipal encargada de investigarlas.
De ese total, solamente nueve contaban con una resolución notificada a la oficina de Villalobos, equivalente al 14.5 por ciento. Dos de las resoluciones habían sido impugnadas por la propia Sindicatura.
El resto de las observaciones no tenía una resolución notificada en esa fecha, aunque ello no significa que los procedimientos estuvieran abandonados o que carecieran de seguimiento.
La diferencia es importante porque la función de la síndica consiste en revisar, detectar y documentar posibles irregularidades, mientras que la determinación de responsabilidades corresponde a otras autoridades.
Por lo tanto, las nueve resoluciones notificadas no representan la totalidad de los resultados de la Sindicatura ni permiten calcular el costo individual de sus investigaciones.
Sin embargo, los datos dejan pendiente conocer cuántas observaciones derivaron en la corrección de irregularidades, recuperación de recursos públicos, prevención de pérdidas o modificaciones efectivas en los procedimientos municipales.
Entre los resultados identificables de la gestión de Villalobos se encuentra la aprobación de una propuesta para regular los fondos de caja chica del Ayuntamiento.
El 23 de septiembre de 2026, el Cabildo aprobó por unanimidad los lineamientos impulsados por la Sindicatura para establecer límites, mecanismos de comprobación y controles sobre el uso de estos recursos.
Como parte de la medida, el monto global autorizado para las cajas chicas se redujo de 306 mil a 251 mil pesos, una diferencia de 55 mil pesos.
Se trata de una modificación administrativa comprobable, aunque la reducción de los fondos disponibles no significa necesariamente que esa cantidad haya sido ahorrada o recuperada por el municipio.
La distinción resulta fundamental para evaluar el impacto económico de las acciones de vigilancia.
La Sindicatura también ha informado sobre inspecciones de obras, auditorías y revisiones de contratos. En su séptimo informe trimestral, presentado en julio, destacó revisiones a recursos destinados al deporte municipal, conciliaciones bancarias y nuevas observaciones en materia de obra pública.
Estas actividades forman parte de las obligaciones de la dependencia. No obstante, para establecer su efecto sobre las finanzas municipales es necesario conocer cuáles produjeron correcciones, reintegros de recursos o consecuencias administrativas verificables.
La crítica al gasto corriente también alcanza a la Sindicatura
Durante sus informes, Villalobos ha cuestionado que una proporción importante del presupuesto municipal se destine a sueldos, servicios y gastos de operación, mientras permanecen necesidades de infraestructura y mantenimiento urbano.
En abril de 2026 señaló que el Ayuntamiento destinaba alrededor de 22 millones de pesos mensuales al pago de nómina.
En el caso de la Sindicatura, la evaluación de resultados requiere considerar que no tiene atribuciones para ejecutar obras públicas. Su trabajo se concentra en supervisar el gasto, revisar documentación, inspeccionar proyectos y formular observaciones.
Por ello, una medición de su desempeño tendría que considerar no solamente el número de inspecciones, informes y señalamientos, sino también sus efectos verificables sobre la administración de los recursos.
Hasta ahora, los datos examinados permiten identificar el gasto acumulado, las observaciones remitidas y determinadas medidas administrativas aprobadas, pero no establecer una cifra global de dinero recuperado o de pérdidas evitadas como resultado de su intervención.
El costo de su estructura administrativa: La revisión también identificó un antecedente relacionado con el personal que participa en las labores de la Sindicatura.
En un procedimiento de transparencia de 2025 quedó documentada la presencia de un trabajador comisionado a esa oficina cuyo salario continuaba siendo cubierto por Tesorería Municipal.
Este elemento obliga a distinguir entre el gasto registrado directamente por la Sindicatura y los posibles costos de personal cubiertos desde otras dependencias.
Para establecer el gasto por trabajador y compararlo proporcionalmente con otras oficinas del Ayuntamiento se requiere conocer la plantilla efectiva, las remuneraciones y los servicios contratados.
La información revisada no demuestra que exista un uso irregular de los recursos ni permite atribuir a Villalobos la falta de resoluciones que corresponden a otras autoridades.
No obstante, el contraste entre el presupuesto ejercido y los resultados documentados plantea una revisión sobre la eficiencia de la estructura municipal encargada de vigilar el gasto público.
Mientras la síndica mantiene sus cuestionamientos sobre la inversión en obras y el costo operativo del Ayuntamiento, su propia oficina acumula más de 5.7 millones de pesos de gasto. Los documentos permiten conocer cuánto ha costado su funcionamiento, pero todavía no establecer cuánto dinero público ha logrado recuperar, qué pérdidas ha evitado ni cuál ha sido el impacto económico total de sus intervenciones.
