*Tres vidas apagadas en segundos; tres años de angustia y dolor para una familia
Tras más de tres años marcados por la indignación, la incertidumbre y el clamor por justicia, este 28 de noviembre de 2025 finalmente se dictó prisión contra José Justino P. A., señalado como responsable de la tragedia del “Camaro Rojo”, hecho que cobró la vida de tres integrantes de una misma familia en la Vialidad del Río Parral.
De acuerdo con una fuente interna de la Fiscalía, el tribunal impuso una sentencia de siete años, tres meses y 21 días de prisión, además del pago de 2,624,166.60 pesos por concepto de reparación de daños. Una resolución que, aunque representa un avance procesal, deja un profundo sabor amargo entre los deudos, quienes consideran que ninguna condena podrá compensar lo perdido.
El proceso volvió a encender la molestia social cuando trascendió que el acusado, quien permanecía bajo arraigo domiciliario, no se presentó a su audiencia del lunes 20 de octubre. Al acudir los agentes a su domicilio, no fue localizado, lo que despertó entre la familia el temor de que intentara evadir nuevamente la justicia.
Selene T., hija de Irene “una de las víctimas”, recordó que desde el 18 de octubre las autoridades habían sustituido la prisión preventiva por arresto domiciliario, una medida que describió como “un golpe más para una familia que lo perdió todo”.
El fatal suceso ocurrió el 25 de septiembre de 2022, cuando Irene Torres, de 42 años; Joel, de 31; y el pequeño Armando, de apenas 11 años, fueron brutalmente arrollados por un vehículo Camaro rojo. Las lesiones sufridas por los tres fueron tan devastadoras que ninguno logró sobrevivir.
El hecho conmocionó a la ciudad, que vio repetirse la historia de una familia rota y un responsable que, por momentos, parecía escapar de las consecuencias.
Luego de tres años, dos meses y tres días de insistir, protestar y exigir justicia, la familia recibió por fin un dictamen: formal prisión para José Justino P. A. Sin embargo, para quienes perdieron a una madre, a un hijo y a un niño de 11 años, la resolución llega como un cierre parcial, un acto legal que difícilmente podrá llenar el vacío que dejó aquella tarde de septiembre.
