El tema de Chihuahua por el narcolaboratorio y los supuestos agentes norteamericanos ya tiene buen rato instalado en la mañanera como instrumento distractor frente al caso de Rubén Rocha Moya y los nueve funcionarios de su entorno señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en acusaciones provenientes de Estados Unidos.
Casualmente, mientras el caso del presunto narcogobierno sinaloense se ha ido diluyendo del debate público nacional, Chihuahua permanece bajo presión política y mediática, sin señales de que le vayan a bajar un par de rayitas. Y como se ha dicho desde el principio, el asunto de los norteamericanos corresponde al ámbito federal, no al Gobierno del Estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en defensa del gobernador sinaloense, ha exigido pruebas y evidencias. Sin embargo, en el caso de Chihuahua prácticamente ha asumido el papel de Ministerio Público y jueza, condenando políticamente a la gobernadora y dando por hecho que se trató de agentes de la CIA, cuando ni siquiera el Gobierno Federal ni el Estatal han determinado oficialmente que así sea. Tampoco Estados Unidos lo ha confirmado.
Ahí es donde aparece la doble vara. En el caso relacionado con el narcotráfico existen acusaciones directas y señalamientos de culpabilidad, pero no se exige públicamente la misma carga probatoria ni se exhiben evidencias. Todo apunta a un acto de cobijo y protección política para Rocha Moya y los funcionarios denunciados por Estados Unidos por parte del gobierno federal y de la llamada Cuarta Transformación. A ellos no los tocan ni con el pétalo de una rosa.
Más todavía. El propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, acaba de declarar que Rocha Moya y su círculo no son investigados en México. Traducido al lenguaje político, eso significa una exoneración de facto y la garantía de que aquí jamás aparecerán pruebas oficiales. Hay que recordar que una de las máximas no escritas de Morena parece ser no juzgar a los propios, mientras a la oposición se le sentencia mediáticamente aun sin pruebas concluyentes.
El verdadero problema para el Gobierno Federal vendrá cuando tenga que responder a cualquier petición formal de Estados Unidos para arrestar y eventualmente extraditar a los señalados.
Las opciones son pocas: decir que no, decir que sí o pactar discretamente para que los estadounidenses hagan el trabajo, mientras desde Palacio Nacional se sigue hablando de soberanía, aunque en los hechos se les termine dando paso a los gringos.
