*SEÑALA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTORALES Y ADVIERTE SOBRE INTERMEDIARIOS QUE ENCARECEN LOS CONTRATOS PÚBLICOS
La Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF) hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la opinión pública para que se investiguen a fondo las contrataciones de material electoral realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos organismos electorales estatales, luego de que se revelaran hechos que actualmente se encuentran bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
A través de un posicionamiento fechado el 9 de noviembre de 2026, CANAGRAF, organismo que representa desde hace 62 años al sector de las artes gráficas en México, manifestó su preocupación por las prácticas de contratación mediante intermediarios que, de acuerdo con el documento, carecen de instalaciones, maquinaria y personal para fabricar los productos, pero que consiguen contratos públicos, subcontratan la producción y posteriormente revenden los materiales con sobreprecios.
La Cámara advirtió que este esquema no solamente incrementa los costos de las compras gubernamentales y representa un posible perjuicio para los recursos públicos, sino que también desplaza a las empresas mexicanas que cuentan con capacidad productiva, infraestructura y trabajadores formalmente registrados.
Ante esta situación, CANAGRAF solicitó que se realicen investigaciones exhaustivas, se deslinden responsabilidades y se evite confundir a los intermediarios con la verdadera industria gráfica nacional, integrada por más de 20 mil unidades de negocio en todo el país.
PROPONE CINCO MEDIDAS PARA TRANSPARENTAR LAS CONTRATACIONES
Como parte de su posicionamiento, la organización presentó cinco propuestas encaminadas a mejorar los procesos de adquisición de materiales electorales y garantizar que los recursos públicos lleguen directamente a quienes cuentan con la capacidad para producirlos.
Entre sus planteamientos destaca la integración de CANAGRAF a un comité técnico consultivo que participe en la definición de especificaciones, capacidades y calendarios de producción para el proceso electoral de 2027, con el argumento de que la industria especializada debe tener voz en las decisiones relacionadas con su actividad.
Asimismo, propuso establecer una evaluación objetiva de los proveedores, mediante la cual las empresas participantes acrediten contar con planta y maquinaria propias, trabajadores inscritos en el IMSS, cumplimiento de obligaciones fiscales, experiencia comprobable y medidas de seguridad y trazabilidad.
Otro de los puntos centrales consiste en privilegiar la contratación directa con los fabricantes, evitando intermediarios que no tengan capacidad productiva. En caso de requerirse subcontratación, CANAGRAF plantea que esta sea declarada, verificable y sometida a los mismos requisitos de transparencia y cumplimiento.
También propone complementar la capacidad de Talleres Gráficos de México (TGM), para que concentre la producción de los materiales de mayor seguridad, mientras que empresas mexicanas formalmente establecidas fabriquen el resto de los insumos y funcionen como respaldo ante periodos de alta demanda o contingencias.
Finalmente, plantea que este modelo de evaluación, transparencia y contratación directa pueda extenderse a organismos electorales locales, gobiernos estatales, municipios y dependencias federales, así como a otros productos impresos de carácter público, entre ellos libros de texto y papelería oficial.
LLAMAN A FORTALECER A LA INDUSTRIA NACIONAL
En su mensaje, CANAGRAF sostuvo que la industria gráfica mexicana cuenta con la capacidad técnica y productiva para atender las necesidades del sector público, por lo que consideró necesario modificar los esquemas de contratación y garantizar condiciones de competencia para las empresas que realmente fabrican los productos.
El documento, firmado por Óscar Carnevali Samper, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, concluye con un llamado a establecer compras directas y transparentes, al considerar que este mecanismo permitiría optimizar los recursos del Estado, fortalecer a las empresas nacionales y generar mejores oportunidades de empleo formal.
La organización resumió su postura en una premisa: cuando las compras públicas se realizan directamente con los fabricantes y bajo criterios de transparencia, los beneficios económicos permanecen en el país y llegan a quienes producen y generan empleos.
