Con 327 votos a favor y 118 en contra, los diputados aprobaron una reforma constitucional que prohíbe los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
La Suprema Corte había declarado inconstitucional cualquier decreto que los prohibiera, pero Morena fue más allá e impuso la restricción en la Constitución.
British American Tobacco (BAT) señaló ayer que, al prohibir los vapeadores, la ilegalidad tomará el control total de la venta de un producto que hoy se estima tiene un valor de mercado de unos 40 mil millones de pesos, de los que el Estado mexicano no recaudará un solo peso. De hecho, algunas voces de la oposición, al criticar que se elevara a rango constitucional la prohibición del uso de estos artefactos, mencionaron que se estaba protegiendo a la industria tabacalera.
Al parecer, hay evidencia empírica de que el vapeador o cigarrillo electrónico es el mejor camino para dejar de fumar cigarrillos. No obstante, también hay afirmaciones de que el consumo de estos artefactos prohibidos a nivel constitucional causa un daño 60 veces mayor que el cigarrillo común, aunque, al parecer, dichas afirmaciones carecen de sustento científico.
Esta medida legislativa fue severamente criticada porque se aprobó en el mismo paquete que la regulación sobre el uso ilegal del fentanilo, lo que muchos consideraron un exceso al equiparar el cigarrillo electrónico con una droga sintética que está matando por cientos de miles a usuarios con fines recreativos.
Gastón Zambrano, director de Asuntos Corporativos para Latinoamérica Norte y Caribe de British American Tobacco, hizo un llamado a los senadores para que redefinan el rumbo y generen las condiciones jurídicas necesarias para ordenar, controlar y regular los vapeadores, en pro de la salud de los mexicanos
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